La reforma energética mexicana: Cómo enfrentar los riesgos y aprovechar las oportunidades

Consultoría Forense y de Litigio

January 1, 2015

La reforma energética mexicana aprobada en 2013 ha generado un interés económico global sin precedentes. Las compañías de petróleo y gas, la industria de los servicios petroleros, los consultores energéticos, los inversionistas, las firmas de capital de riesgo, las asociaciones de comercio e incluso los gobiernos locales (Monterrey, por ejemplo, está tratando de promoverse como el “Houston mexicano”) están buscando en este momento acomodarse en mejores posiciones, a la par que las oportunidades llegan al centro de atención y se concluyen los términos contractuales para la primera ronda de licitaciones.

La industria energética ha esperado reformas durante décadas, y ni siquiera los problemas mexicanos que hacen noticia –corrupción, inestabilidad política y violencia extrema por parte de los cárteles de la droga– han hecho titubear la confianza de las partes interesadas. Analistas y expertos han señalado que la primera fase de la reforma energética mexicana avanza bien; y la rapidez y la transparencia con las que el gobierno mexicano ha manejado los retos multidimensionales de la fase de apertura, han enviado señales positivas a los inversionistas. Las oportunidades en los sectores de petróleo y gas, indican estas señales, no son un espejismo.

Mientras los términos contractuales aún no han sido establecidos definitivamente, el gobierno se ha comprometido a diseñarlos de acuerdo con las mejores prácticas internacionales; y han cumplido con los límites de tiempo para establecer los reglamentos de las licitaciones para la llamada Primera Ronda, (cfr. “Línea de tiempo del proceso de licitación”, p. 3). La Primera Ronda le sigue a la Ronda Cero, que tuvo lugar en Agosto de 2014 y que otorgó a Petróleos Mexicanos (PEMEX, la compañía energética del Estado) el 83% de las reservas probadas y probables, así como el 21% de su prospectiva de recursos de hidrocarburos.

Por supuesto, existe la posibilidad de que el interés actual decrezca. Por ejemplo, es probable que la flexibilidad que se le ha otorgado al Secretario de Hacienda y Crédito Público para establecer los términos fiscales de los contratos sea utilizada como una forma de generar equilibrio entre la demanda de competitividad en esta industria y la necesidad gubernamental de maximizar las ganancias petroleras. Las compañías podrían abstenerse de realizar compromisos de los que no puedan retractarse hasta que sea posible evaluar las condiciones de cada proyecto.


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